Por FRANKLIN BÁEZ BRUGAL
Por lo que estamos viendo, aquí teníamos una “cleptocracia” muy organizada, que había sobrepasado la etapa de los sobornos y las comisiones, para constituirse en un entramado de intereses en donde se mezclaban iniciativas empresariales con tráfico de influencias, para saquear los recursos públicos.
En estos días estamos presenciando el inicio de las actuaciones del Ministerio Público en contra de actos de corrupción supuestamente cometidos por funcionarios públicos del pasado gobierno, familiares cercanos del Lic. Danilo Medina y personas de su entorno. Los apresamientos y allanamientos han sido numerosos, y más de una decena de individuos guardan prisión.
En el pasado, habíamos visto a connotados representantes del empresariado cumplir condenas en la cárcel, mientras políticos señalados como responsables de sonados casos de malversación de fondos, permanecían libres y tranquilos sin ser acusados.
Parece que las cosas han cambiado y que ahora contaremos con una justicia independiente, eficiente y ágil, que no le temblará el pulso para sentar en el banquillo de los acusados a todo aquel que se lo merezca, sin importar vinculaciones familiares, partidarias o políticas. Estos cambios, son los que la colectividad hace tiempo deseaba y los que los nuevos tiempos demandan.
Este gobierno ha sido muy claro dejando saber que no tolerará actos de corrupción ni manejo turbio de fondos y que todo funcionario que incurra en ellos será destituido y perseguido por la Ley
La corrupción, es un mal que hace estragos en muchas partes del mundo, drenando recursos que limitan la capacidad del Estado para dedicarlos a inversión social y obras de infraestructura, corrompiendo el tejido social, afectando el clima de negocios y las oportunidades de desarrollo.
La República Dominicana ha salido muy mal parada en todas las mediciones que se hacen sobre trasparencia, manejo de recursos públicos y rendición de cuentas; esperamos que de ahora en adelante, ocupemos mejores lugares en ese listado.
Por lo que estamos viendo, aquí teníamos una “cleptocracia” muy organizada, que había sobrepasado la etapa de los sobornos y las comisiones, para constituirse en un entramado de intereses en donde se mezclaban iniciativas empresariales con tráfico de influencias, para saquear los recursos públicos.
Este gobierno ha sido muy claro dejando saber que no tolerará actos de corrupción ni manejo turbio de fondos y que todo funcionario que incurra en ellos será destituido y perseguido por la Ley; dando luz verde a la Procuraduría para que actúe con total libertad e independencia.
Ahora bien, el papel de la sociedad para que estos cambios se mantengan es determinante, sólo una ciudadanía organizada, vigilante y exigente, puede lograr que la práctica del manejo patrimonialista y clientelista del Estado termine y que la trasparencia y la rendición de cuentas se conviertan en actuaciones permanentes de nuestros gobernantes.
La sociedad observa satisfecha que la impunidad está en proceso de terminar. Esperamos que esta determinación no cambie.
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